El fiscal ha pedido seis años de prisión y multa de 7,2 millones de euros para el empresario Trinitario Casanova, que será juzgado la próxima semana en Murcia acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública por la presunta defraudación de 1,2 millones en concepto de IVA y del Impuesto de Sociedades.
Las conclusiones provisionales del Ministerio Público señalan que este promotor inmobiliario, administrador único de la empresa "Grupo Inversor Hispania, S.A.", para evitar el pago de sus impuestos, "trató de crear la apariencia de que, durante el año 2003, su empresa había soportado importantes gastos".
Estos desembolsos, añade el fiscal, se habrían producido, según el acusado, por las obras de movimiento de tierras y desmonte de terrenos en una urbanización conocida como "Sierra de Altea II", situada en el término municipal de Altea (Alicante)"
"Estas obras, afirma la acusación estatal, no se habían realizado, ni, por tanto, habían supuesto para el acusado gasto alguno, por lo que, con el fin de aparentar esos gastos inexistente frente a la Agencia Tributaria, se puso en contaco con otras personas para que emitieran las correspondientes facturas.
El empresario consiguió así hacerse con un total de 91 facturas que le permitieron eludir el pago de 596.372 euros en concepto de IVA y casi 606.00 euros por el Impuesto de Sociedades, siempre según el fiscal.
En las conclusiones provisionales se solicita al Juzgado que condene a Trinitario Casanova, además de a los seis años de cárcel y multa de 7,2 millones de euros, a indemnizar a la Hacienda Pública en más de 1,2 millones de euros.
Trinitario Casanova es el promotor de un proyecto de urbanización que pretendía construir cuatro mil viviendas en la finca "La Zerrichera", ubicada en Águilas, y que está enclavada en una zona de especial protección ambiental (ZEPA).
El proyecto se encuentra paralizado por una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Igualmente, Casanova está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta difusión de noticias falsas para intentar alterar el precio de las acciones del Banco Popular.
Las conclusiones provisionales del Ministerio Público señalan que este promotor inmobiliario, administrador único de la empresa "Grupo Inversor Hispania, S.A.", para evitar el pago de sus impuestos, "trató de crear la apariencia de que, durante el año 2003, su empresa había soportado importantes gastos".
Estos desembolsos, añade el fiscal, se habrían producido, según el acusado, por las obras de movimiento de tierras y desmonte de terrenos en una urbanización conocida como "Sierra de Altea II", situada en el término municipal de Altea (Alicante)"
"Estas obras, afirma la acusación estatal, no se habían realizado, ni, por tanto, habían supuesto para el acusado gasto alguno, por lo que, con el fin de aparentar esos gastos inexistente frente a la Agencia Tributaria, se puso en contaco con otras personas para que emitieran las correspondientes facturas.
El empresario consiguió así hacerse con un total de 91 facturas que le permitieron eludir el pago de 596.372 euros en concepto de IVA y casi 606.00 euros por el Impuesto de Sociedades, siempre según el fiscal.
En las conclusiones provisionales se solicita al Juzgado que condene a Trinitario Casanova, además de a los seis años de cárcel y multa de 7,2 millones de euros, a indemnizar a la Hacienda Pública en más de 1,2 millones de euros.
Trinitario Casanova es el promotor de un proyecto de urbanización que pretendía construir cuatro mil viviendas en la finca "La Zerrichera", ubicada en Águilas, y que está enclavada en una zona de especial protección ambiental (ZEPA).
El proyecto se encuentra paralizado por una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Igualmente, Casanova está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta difusión de noticias falsas para intentar alterar el precio de las acciones del Banco Popular.
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