El fiscal pide seis años de cárcel para el alcalde de Mazarrón por pagos al concejal Valera

El fiscal ha pedido seis años de prisión para el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del Partido Popular, que será juzgado el 4 de diciembre en la Audiencia Provincial acusado de un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales por los pagos anticipados hechos al concejal Domingo Valera.
El Ministerio Público acusa también por los mismos delitos al propio Valera y al interventor municipal, Pedro Sánchez García, para quienes pide cinco años y cinco meses de prisión.
En los tres casos, el fiscal solicita a la Sala que se condene a los tres a diez años de inhabilitación absoluta, según conclusiones provisionales.
Tras las elecciones municipales de mayo de 2003 el Ayuntamiento de Mazarrón quedó compuesto por nueve concejales del Partido Popular, ocho concejales del Partido Socialista, uno de Izquierda Unida y tres del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM), del que era portavoz Domingo Valera.
En sesión extraordinaria del pleno celebrada en julio del mismo año se acordó, con los votos favorables de los ediles del Partido Popular y del Grupo Independiente y los votos en contra de los socialistas, conceder la dedicación exclusiva a Valera, con un sueldo bruto de 31.365 euros anuales.
Asimismo, y al margen del pleno, Francisco Blaya acordó con Valera "la entrega de las cantidades que en cada momento requiriera de la Corporación, que habrían de disfrazarse, para darles apariencia de legalidad, como anticipos de su sueldo de concejal".
Para el Ministerio Fiscal, los pagos "no tuvieron nunca este carácter, sino el de meros regalos realizados con dinero público, tanto por el hecho de que las entregas de las cantidades no obviaban el que mensualmente recibiera su sueldo íntegro como por el hecho de no existir normativa legal alguna que las amparase".
Según los datos que se aportan en el escrito de acusación, Valera llegó a percibir, entre el 15 de septiembre de 2003 y el 11 de agosto de 2005, un total de 33.300 euros.
Además, "el señor Valera mantenía desde el año 2000 una deuda con el Ayuntamiento por el impago de impuestos municipales que en julio de 2005 alcanzaba la cifra de 4.113 euros, sin que se procediera a embargarle parte del sueldo hasta marzo de 2007.
Domingo Valera, fue alcalde del PP entre 1995 y agosto de 1997, cuando la oposición municipal le presentó una moción de censura, y repitió en el cargo de primer edil en las elecciones de 1999 a las que se presentó como candidato del Partido Independiente por Mazarrón (PIxM) creado por el mismo, y en la que obtuvo tres concejales.
Fue retirado del cargo de alcalde dos años después, en febrero de 2001, tras serle presentada una segunda moción de censura.

La Guardia Civil detiene al alcalde y al edil de Urbanismo por cobro de comisiones

José Martínez García, conocido popularmente como Pepe El Mecánico, ex dueño de un taller de reparación de automóviles y maquinaria agrícola, propietario de una administración de loterías y alcalde de Librilla por el PP desde hace dos décadas, con un breve lapsus de cuatro años en que le desbancó el PSOE, pasó ayer a engrosar la ya amplia nómina de políticos murcianos detenidos por su presunta implicación en casos de corrupción. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que hace un año y medio iniciaron las investigaciones sobre una trama delictiva que han desembocado ahora en la llamada Operación Biblioteca, le informaron de sus derechos ayer a mediodía y lo trasladaron hasta su domicilio, con el fin de iniciar un minucioso registro que se extendió durante cinco horas.
En el mismo momento era detenido su teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuya vivienda también fue inspeccionada con todo detalle en busca de pruebas de supuestas actuaciones delictivas. Los dos arrestos se producen 48 horas después de que los UCO hubieran desmantelado la primera ramificación de la supuesta trama delictiva. En concreto, el martes fueron detenidos el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, que fue responsable de la Oficina de Asesoramiento Técnico de Municipios; su mujer, Josefa B.B.; su socio y administrador de la empresa ACADI S.L., Domingo Cabrera; el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora, y la esposa de éste, Francisca G..

Han empezado a 'cantar'

Fuentes próximas a la investigación han apuntado a que las detenciones del alcalde y del teniente de alcalde de Librilla se justificarían, en buena parte, por el contenido de las declaraciones de los arrestados en la primera fase de la operación, que habrían indicado que los dos cargos públicos locales estarían, presuntamente, recibiendo comisiones por la adjudicación de contratos públicos a sociedades vinculadas a la red de corrupción.
La Operación Biblioteca, que desde el primer momento se ha desarrollado bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, investiga la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y blanqueo de capitales.

Denunciante denunciado

El octavo detenido es un abogado, Cesáreo Gil de Pareja Otón, quien trabajó para la sociedad ACADI y que por ello podría tener algún conocimiento de las actividades supuestamente ilícitas que se desarrollaron desde la misma. Se da la circunstancia paradójica de que, según señalan fuentes próximas al asunto, Cesáreo Gil acabó enemistándose con el gerente de la firma, Domingo Cabrera, y le presentó una demanda. Las mismas fuentes indican que datos aportados por este letrado sirvieron de base para iniciar la investigación de la trama, por lo que ayer su arresto fue acogido con gran extrañeza en algunos ámbitos.
Cesáreo Gil imparte desde hace varios años el máster de Urbanismo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). El presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, lo calificó ayer de «gran profesional» y se mostró «convencido de su honradez».
Las mismas fuentes apuntaban a que los detenidos en la primera fase de la operación hubieran podido imputarle alguna práctica delictiva, lo que habría motivado su detención.
Las sospechas de los investigadores se orientan en el sentido de que los funcionarios públicos detenidos se habrían aprovechado de su condición para conseguir que numerosos contratos públicos, cuya cuantía superaría los siete millones de euros, fueran asignados a empresas de su propiedad, o a otras sociedades con cuyos dueños estaban en connivencia y que habrían pagado comisiones.

Cinco detenidos por supuesta corrupción en Librilla

Cinco personas han sido detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia decretó esta mañana las detenciones en un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En el marco de esta operación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a José Luis Cano y Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa Acadi que redactó el PGOM de Librilla.
José Luis Cano es funcionario en excedencia desde junio de 2007 de la dirección general de Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma, en la que ejercía como responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
La consejería de Presidencia le abrió en abril de 2007 "un procedimiento de información reservada" para aclarar supuestas irregularidades, después de que el PSOE denunciara que había utilizado "como tapadera" a la empresa Acadi para adjudicarse y gestionar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y una treintena de planes parciales en Librilla.
A este respecto, la consejería de Presidencia informó hoy a Efe de que el procedimiento de carácter interno abierto en 2007 sobre la actividad de José Luis Cano "no detectó irregularidades administrativas" en su actividad.
Junto a estas dos personas han sido arrestados también José Andrés Cortés Otálora, gerente de la empresa municipal de suelo IDL, de Librilla, un familiar de éste y otro de Cano, cuyas identidades no han sido dadas aún a conocer.
Además, el juzgado ordenó nueve registros en las dependencias del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios; el ayuntamiento de Librilla, y diversos domicilios particulares y sedes sociales de empresas en Murcia, Librilla y Los Alcázares, donde la Guardia Civil inspeccionó la sociedad Urvisán S.L., dedicada a la construcción y al desarrollo de obra pública.
El alcalde de Librilla, José Martínez, del PP, abandonó el ayuntamiento sobre la una de la tarde, cuando habían transcurrido cuatro horas desde la entrada de agentes de la UCO en la sede consistorial para proceder a un registro.
Martínez dijo que en todo este tiempo ha colaborado "voluntariamente con la justicia", y que en ningún momento había sido detenido.
Según fuentes de la investigación, ningún miembro de la corporación de Librilla (seis concejales del PP y cinco del PSOE) está implicado en este caso.
El concejal de Urbanismo de la localidad, Pedro Martínez, señaló a EFE que desconocía los motivos del registro, y que tiene la "conciencia tranquila", al tiempo que comentó que el PGOM está en fase de aprobación definitiva, y en su fase inicial se aprobó con los votos a favor de PP y PSOE.

El obispo desautoriza a Mendoza por suspender la inauguración de curso de la Universidad Católica

El distanciamiento entre el obispo de la Diócesis de Cartagena y el presidente de la Fundación San Antonio se reabrió ayer con toda su crudeza después de que monseñor Reig Pla informara, a través de un comunicado oficial, que no compartía la decisión de José Luis Mendoza de suspender el acto de inauguración oficial del curso de la Universidad Católica (UCAM), previsto para hoy jueves. El obispo indicó además que no había sido consultado y que se enteró por la mañana por la prensa de la decisión de Mendoza.
Quién manda en la Universidad Católica y qué papeles desempeñan el obispo y Mendoza es una cuestión que sigue sin resolverse entre ambos, que han mantenido una sonada disputa por la titularidad de esta institución docente. El comunicado de José Luis Mendoza, que hizo como presidente de la Fundación y de la UCAM, justificaba la suspensión del acto académico por la imposibilidad de asistir del nuncio apostólico, Manuel Monteiro, del cardenal Antonio Cañizares, del arzobispo de Zaragoza Manuel Ureña, y del obispo emérito Javier Azagra, que reside en Murcia. Añadía la nota que éstos «deseaban» acudir, pero que no han podido hacerlo «por causas ajenas a su voluntad». Al acto habían sido invitados los profesores, alumnos y personal no docente de la UCAM, así como todas las autoridades regionales, entre ellas el presidente Valcárcel.
El obispo replicó ayer tarde y, recordando sus atribuciones como Gran Canciller de la UCAM, subrayó que no había autorizado dicha suspensión. Dio a entender que había sido un acto unilateral de José Luis Mendoza, puesto que éste había actuado en contra de la voluntad del obispo. Asimismo, Reig Pla apuntó que tenía confirmada su asistencia y presidencia a los actos (la eucaristía y la lección magistral), y que habían sido convocados el claustro de profesores, los alumnos y el personal no docente. «Ningún otro requisito ni asistencia son necesarios para llevar a cabo los actos religiosos y académicos», señaló Reig Pla, quitando validez al argumento de Mendoza de que la ceremonia se suspendía porque no podían acudir los demás prelados.
En cuanto a la disputa sobre la titularidad y las discrepancias con Mendoza, el obispo manda un «mensaje de afecto» a toda la comunidad académica de la Universidad Católica, y al mismo tiempo señala que «anhela la concordia» y «aguarda la pronta restauración de la normalidad». Subraya que «no es posible estar en comunión con la Iglesia y con el Papa Benedicto XVI sin estarlo con el obispo al que el Santo padre confía esta diócesis».

El aumento del paro interanual se desboca en la Región y pasa del 66%

El año 2008 va camino de pasar a la historia laboral de la Región como uno de los más funestos. Con la nueva subida del desempleo registrada en octubre, del 6,07, la tasa interanual se sitúa a la cabeza de España, con un 66,3% de aumento. Por sectores, el más castigado es el de servicios, con 2.926 desempleados más que en septiembre, en respuesta al frenazo del consumo familiar.La contracción económica se está cebando en el mercado laboral, y las cifras hechas públicas ayer lo confirman. A pesar de todo, la subida marcada este mes por la Región es un punto menos que la media española. Según los datos conocidos ayer, el número de parados registrados en las Oficinas de Empleo de Murcia al término del mes de octubre subió en 4.632 personas respecto al mes anterior, un 6,07%, con lo que el número de desempleados se situó en 80.977. En toda España, el número de desempleados ha aumentado en 192.658 personas en octubre, el 7,3% respecto a septiembre, con lo que la cifra de desempleados se situó en 2.818.026 personas, dato que no se alcanzaba desde abril de 1996, cuando el total de parados superó los 2,89 millones, según los datos del Ministerio de Trabajo.Por primera vez en doce años, el pasado mes se sobrepasó la barrera de los 2,8 millones de parados. Esta subida es la séptima consecutiva y es seis veces superior a la registrada en octubre del año pasado, cuando el desempleo se incrementó en 31.214 personas. En toda la serie histórica comparable, que comienza en 1996, el paro ha subido siempre en octubre, aunque nunca tanto como este año. Así, la gravedad de la crisis económica se ha dejando sentir especialmente en octubre con la mayor subida de la historia en el desempleo.El paro subió en octubre en la Región en todos los sectores: en agricultura se incrementó en 139 personas; en industria, en 722; en construcción, en 608, y en servicios, en 2.926. El paro masculino se situó en 43.205 hombres y el femenino en 37.772 mujeres.