¿Dónde está el dinero? ¿A qué fin ha sido destinado? Tales son las preguntas que constituyen una de las claves de la investigación policial y judicial que se está desarrollando sobre el grupo inmobiliario Nicolás Mateos, cuyo presidente y principal responsable, Luis Nicolás Mateos, se encuentra en prisión preventiva desde el jueves por la noche, al igual que su director general, P.F.H.N., como supuesto autor de una estafa multimillonaria.
De las denuncias presentadas por más de un centenar de clientes de la firma inmobiliaria, así como de las gestiones policiales realizadas a lo largo de los últimos meses, se deduce que el número de afectados por la supuesta estafa podría superar el medio millar y que el montante global de la misma ascendería a unos 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas), según las primeras estimaciones.
Este dinero había sido entregado a la compañía promotora por las numerosas personas -en su mayor parte de Cataluña o Valencia, y también de países como el Reino Unido- que habían reservado una vivienda en el resort Lagoa do Coelho que la citada firma promovía en el norte de Brasil. Lo que parece evidente es que esas cantidades no han sido, al menos en su mayor parte, destinadas a desarrollar el complejo urbanístico brasileño, donde estaba previsto levantar 12.827 viviendas y comenzar a entregarlas a partir de junio pasado, pero donde todavía no se ha puesto un solo ladrillo.
¿Donde está, pues, la mayor parte de ese dinero entregado a cuenta por los clientes? Para tratar de dar respuesta a ese interrogante, los agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía han bloqueado hasta el momento 117 cuentas bancarias, que estaban operando tanto a nombre de Luis Nicolás Mateos como del Grupo Nicolás Mateos y de otras sociedades vinculadas a este complejo empresarial.
Estas cuentas, que están siendo minuciosamente examinadas en busca del rastro del dinero y de su destino final, se encuentran en todos los casos en España, aunque los investigadores no descartan que puedan ser detectadas otras en el extranjero.
Estafa o apropiación indebida
En un auto dictado el pasado junio por un juzgado de Instrucción de Murcia, que entró a conocer del asunto, el magistrado ya expone que de la documentación analizada se deducen indicios que apuntan a la posible comisión de una estafa masiva. Y ello debido a que los clientes llegaron a entregar hasta el 40% del precio final de las casas -hasta 35.000 euros-, que no fueron avalados por la empresa o que, en el mejor de los casos, lo fueron por compañías italianas como Albatross Invest y Minos Fideiussioni & Guarantees, que no sólo no tenían autorización legal para operar en España sino que, además, en el caso de la primera, estaba cancelada del registro de intermediarios financieros del Gobierno italiano.
Aunque el juez no niega que cualquier empresa pueda sufrir contratiempos que obliguen a retrasar sus proyectos, considera que en este caso «las demoras en la construcción son presuntamente más groseras que las que podrían ser objeto de espera razonable en este tipo de promociones». Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que la promoción inmobiliaria está «bendecida por todos los permisos oportunos» de las autoridades brasileñas y que, pese a ello, no se ha iniciado ni una casa.
El instructor tampoco olvida que para que exista el delito de estafa debe haber una voluntad previa, inicial, de cometer ese fraude por parte del empresario. Pero señala que, si no hubiera estafa, sí podría darse una apropiación indebida del dinero de los clientes, ya que se les siguió cobrando cuando la compañía ya era consciente de que no podría llevar a buen término la urbanización.
De las denuncias presentadas por más de un centenar de clientes de la firma inmobiliaria, así como de las gestiones policiales realizadas a lo largo de los últimos meses, se deduce que el número de afectados por la supuesta estafa podría superar el medio millar y que el montante global de la misma ascendería a unos 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas), según las primeras estimaciones.
Este dinero había sido entregado a la compañía promotora por las numerosas personas -en su mayor parte de Cataluña o Valencia, y también de países como el Reino Unido- que habían reservado una vivienda en el resort Lagoa do Coelho que la citada firma promovía en el norte de Brasil. Lo que parece evidente es que esas cantidades no han sido, al menos en su mayor parte, destinadas a desarrollar el complejo urbanístico brasileño, donde estaba previsto levantar 12.827 viviendas y comenzar a entregarlas a partir de junio pasado, pero donde todavía no se ha puesto un solo ladrillo.
¿Donde está, pues, la mayor parte de ese dinero entregado a cuenta por los clientes? Para tratar de dar respuesta a ese interrogante, los agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía han bloqueado hasta el momento 117 cuentas bancarias, que estaban operando tanto a nombre de Luis Nicolás Mateos como del Grupo Nicolás Mateos y de otras sociedades vinculadas a este complejo empresarial.
Estas cuentas, que están siendo minuciosamente examinadas en busca del rastro del dinero y de su destino final, se encuentran en todos los casos en España, aunque los investigadores no descartan que puedan ser detectadas otras en el extranjero.
Estafa o apropiación indebida
En un auto dictado el pasado junio por un juzgado de Instrucción de Murcia, que entró a conocer del asunto, el magistrado ya expone que de la documentación analizada se deducen indicios que apuntan a la posible comisión de una estafa masiva. Y ello debido a que los clientes llegaron a entregar hasta el 40% del precio final de las casas -hasta 35.000 euros-, que no fueron avalados por la empresa o que, en el mejor de los casos, lo fueron por compañías italianas como Albatross Invest y Minos Fideiussioni & Guarantees, que no sólo no tenían autorización legal para operar en España sino que, además, en el caso de la primera, estaba cancelada del registro de intermediarios financieros del Gobierno italiano.
Aunque el juez no niega que cualquier empresa pueda sufrir contratiempos que obliguen a retrasar sus proyectos, considera que en este caso «las demoras en la construcción son presuntamente más groseras que las que podrían ser objeto de espera razonable en este tipo de promociones». Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que la promoción inmobiliaria está «bendecida por todos los permisos oportunos» de las autoridades brasileñas y que, pese a ello, no se ha iniciado ni una casa.
El instructor tampoco olvida que para que exista el delito de estafa debe haber una voluntad previa, inicial, de cometer ese fraude por parte del empresario. Pero señala que, si no hubiera estafa, sí podría darse una apropiación indebida del dinero de los clientes, ya que se les siguió cobrando cuando la compañía ya era consciente de que no podría llevar a buen término la urbanización.
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