José Martínez García, conocido popularmente como Pepe El Mecánico, ex dueño de un taller de reparación de automóviles y maquinaria agrícola, propietario de una administración de loterías y alcalde de Librilla por el PP desde hace dos décadas, con un breve lapsus de cuatro años en que le desbancó el PSOE, pasó ayer a engrosar la ya amplia nómina de políticos murcianos detenidos por su presunta implicación en casos de corrupción. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que hace un año y medio iniciaron las investigaciones sobre una trama delictiva que han desembocado ahora en la llamada Operación Biblioteca, le informaron de sus derechos ayer a mediodía y lo trasladaron hasta su domicilio, con el fin de iniciar un minucioso registro que se extendió durante cinco horas.
En el mismo momento era detenido su teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuya vivienda también fue inspeccionada con todo detalle en busca de pruebas de supuestas actuaciones delictivas. Los dos arrestos se producen 48 horas después de que los UCO hubieran desmantelado la primera ramificación de la supuesta trama delictiva. En concreto, el martes fueron detenidos el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, que fue responsable de la Oficina de Asesoramiento Técnico de Municipios; su mujer, Josefa B.B.; su socio y administrador de la empresa ACADI S.L., Domingo Cabrera; el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora, y la esposa de éste, Francisca G..
En el mismo momento era detenido su teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuya vivienda también fue inspeccionada con todo detalle en busca de pruebas de supuestas actuaciones delictivas. Los dos arrestos se producen 48 horas después de que los UCO hubieran desmantelado la primera ramificación de la supuesta trama delictiva. En concreto, el martes fueron detenidos el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, que fue responsable de la Oficina de Asesoramiento Técnico de Municipios; su mujer, Josefa B.B.; su socio y administrador de la empresa ACADI S.L., Domingo Cabrera; el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora, y la esposa de éste, Francisca G..
Han empezado a 'cantar'
Fuentes próximas a la investigación han apuntado a que las detenciones del alcalde y del teniente de alcalde de Librilla se justificarían, en buena parte, por el contenido de las declaraciones de los arrestados en la primera fase de la operación, que habrían indicado que los dos cargos públicos locales estarían, presuntamente, recibiendo comisiones por la adjudicación de contratos públicos a sociedades vinculadas a la red de corrupción.
La Operación Biblioteca, que desde el primer momento se ha desarrollado bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, investiga la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y blanqueo de capitales.
La Operación Biblioteca, que desde el primer momento se ha desarrollado bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, investiga la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y blanqueo de capitales.
Denunciante denunciado
El octavo detenido es un abogado, Cesáreo Gil de Pareja Otón, quien trabajó para la sociedad ACADI y que por ello podría tener algún conocimiento de las actividades supuestamente ilícitas que se desarrollaron desde la misma. Se da la circunstancia paradójica de que, según señalan fuentes próximas al asunto, Cesáreo Gil acabó enemistándose con el gerente de la firma, Domingo Cabrera, y le presentó una demanda. Las mismas fuentes indican que datos aportados por este letrado sirvieron de base para iniciar la investigación de la trama, por lo que ayer su arresto fue acogido con gran extrañeza en algunos ámbitos.
Cesáreo Gil imparte desde hace varios años el máster de Urbanismo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). El presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, lo calificó ayer de «gran profesional» y se mostró «convencido de su honradez».
Las mismas fuentes apuntaban a que los detenidos en la primera fase de la operación hubieran podido imputarle alguna práctica delictiva, lo que habría motivado su detención.
Las sospechas de los investigadores se orientan en el sentido de que los funcionarios públicos detenidos se habrían aprovechado de su condición para conseguir que numerosos contratos públicos, cuya cuantía superaría los siete millones de euros, fueran asignados a empresas de su propiedad, o a otras sociedades con cuyos dueños estaban en connivencia y que habrían pagado comisiones.
Cesáreo Gil imparte desde hace varios años el máster de Urbanismo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). El presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, lo calificó ayer de «gran profesional» y se mostró «convencido de su honradez».
Las mismas fuentes apuntaban a que los detenidos en la primera fase de la operación hubieran podido imputarle alguna práctica delictiva, lo que habría motivado su detención.
Las sospechas de los investigadores se orientan en el sentido de que los funcionarios públicos detenidos se habrían aprovechado de su condición para conseguir que numerosos contratos públicos, cuya cuantía superaría los siete millones de euros, fueran asignados a empresas de su propiedad, o a otras sociedades con cuyos dueños estaban en connivencia y que habrían pagado comisiones.
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